Hace no mucho escribí un artículo sobre las implicaciones que estaban teniendo las aplicaciones de rastreo de la COVID-19 sobre la protección de los datos y la privacidad. A raíz de este tema y las crecientes iniciativas de dotar al teletrabajo de un marco regulatorio empecé a preguntarme acerca de los enfoques existentes sobre la regulación de las nuevas tecnologías en el mundo.
El tema de la regulación siempre suscita mucha controversia porque hasta ahora la innovación en tecnología ha tenido cierta carta blanca por parte de los gobiernos.
Los detractores de diseñar normas argumentan que esto puede perjudicar a la innovación, que los gobiernos no están preparados para elaborar leyes que hagan frente a un entorno tan cambiante y que el sector privado siempre va por delante del público, entre otras cosas.
Los que están a favor explican que la necesidad de una regulación recae en abordar las cuestiones más preocupantes de la industria: proteger del abuso a los individuos y a la sociedad, promover una innovación responsable y una competencia sólida y establecer parámetros comprensibles y coherentes para la privacidad y la monetización de los datos.
Mi posición es clara: todo lo que contribuya al desarrollo tecnológico poniendo al ser humano como principal beneficiario es bienvenido. Es cierto que no es tarea fácil determinar un alcance reglamentario apropiado para la tecnología y su capacidad de cambio, pero sí que hay maneras de establecer principios que permitan su gobernanza. Pero estoy de acuerdo en que una forma adecuada de regular contendría las siguientes ideas:
- Crear marcos regulatorios estandarizados para que los legisladores puedan introducir nuevas directrices cuando surjan nuevas tecnologías
- Colaborar con el sector privado para identificar y abordar los riesgos emergentes de la manera más rápida y eficiente posible.
- Tener en cuenta los riesgos que puedan surgir de la innovación
Teniendo estos aspectos en cuenta me gustaría hacer una comparativa de los debates e iniciativas que distintas regiones del mundo están llevando a cabo en materias legislativas. Me voy a abstener de comentar aspectos relativos a Estados Unidos y a China porque los debates suelen estar centrados en ellos. Prefiero enfocarme en nuestro continente por cercanía, en el sudeste asiático por las diferencias culturales respecto a la protección de datos –como expliqué en el artículo de las apps mencionado anteriormente– y en Oriente Medio y el Norte de África, por ser regiones de que las apenas se habla.
Europa: mucha iniciativa y poca aplicación
El gobierno supranacional de la Unión Europea quiere ser pionero en la regulación y la implantación de un marco ético de las nuevas tecnologías por su tradicional énfasis en la protección de los consumidores y en los valores compartidos. Hoy cuenta con varias acciones en esta trayectoria que todavía no se han materializado en legislación vinculante. Además de la ya conocida RGPD, en 2017 el Parlamento Europeo aprobó una resolución de iniciativa legislativa en la que recomendaba a la Comisión Europea una serie de propuestas legislativas y no legislativas en el ámbito de la robótica y la IA. Un año más tarde, 24 Estados miembros firmaban un acuerdo de cooperación en materia de inteligencia artificial para abordar su implementación.
Italia, Polonia, Suecia Portugal y Hungría van a la cabeza del desarrollo de herramientas y estrategias específicas que permitan dotar a la inteligencia artificial de ciertas pautas para orientar su dirección y sus beneficios.
Asimismo, también se publicó una estrategia en materia de vehículos autónomos para permitir que la UE y sus Estados miembros fuesen líderes en movilidad autónoma segura, eficiente, socialmente responsable y respetuosa con el medio ambiente. Pese a que las iniciativas y proyectos han sido prolíficos, son los países europeos por su cuenta quienes están desarrollando sus propias legislaciones.
Por otro lado, los líderes tradicionales de nuestro continente, Francia, Alemania y Reino Unido, comprenden proyectos más holísticos sobre tecnología que van desde la creación de una comisión ética sobre los datos y el establecimiento de políticas digitales (Alemania) y del Centro de Ética e Innovación de Datos para sentar las bases de la adopción ética de la IA (Reino Unido) hasta informes y recomendaciones sobre los desafíos sociales y éticos relacionados con las nuevas tecnologías digitales (Francia).
En el sudeste asiático abundan las iniciativas regulatorias, sobre todo las que tienen que ver con inteligencia artificial
Singapur fue uno de los países más rápidos en preparar un marco de gobernanza de la IA. Lo hizo en enero de 2018. Este plan está centrado en el ser humano, es decir, en él se destacan la transparencia y la equidad como principios rectores, haciendo hincapié en la necesidad de fomentar la confianza del público en la IA. Por ello, la normativa propuesta no es demasiado restrictiva, lo que no significa que no impongan un cumplimiento estricto.
Japón, por su parte, además de tener una estrategia nacional de IA, está redactando una norma exhaustiva sobre los dispositivos médicos basados en esta tecnología. La norma prescribiría que la responsabilidad última del diagnóstico sigue siendo de los médicos y establecería normas de seguridad para su aprobación por el gobierno.
El enfoque de una inteligencia artificial que beneficie a toda la sociedad es el que ha decidido adoptar también India, que ha visto una oportunidad para solventar los crecientes desafíos sociales. Si bien aún no han adoptado ningún tipo de legislación, su estrategia se basa en la prudencia con la sobrerregulación de esta materia, la apertura de miras y la inversión en la investigación académica y comercial.
Oriente Medio y África, las regiones más rezagadas en estrategias gubernamentales
Por último me gustaría tocar el área de Oriente Medio y el Norte de África, porque apenas se menciona nada de las acciones que están llevando a término. Solo Bahrein, Egipto, Omán, Qatar, Túnez, Arabia Saudí, Israel y Emiratos Árabes Unidos han desarrollado algún informe, herramienta o estrategia en este sentido.
Túnez y Emiratos Árabes Unidos han sido los pioneros en sus respectivas áreas en diseñar una estrategia nacional sobre inteligencia artificial. El primero con objetivos más generales y el segundo con dos más concretos: mejorar el desempeño del gobierno en todos los niveles mediante el empleo de un sistema digital inteligente que pueda superar los desafíos; y hacer que sea el primer país en utilizar la IA en los campos del transporte, la salud, la energía renovable, el agua, la educación, el medioambiente y el tráfico.
Arabia Saudí ha decidido centrarse en las smart cities, los robots y la aplicación de la inteligencia artificial para los rituales religiosos. Como ejemplo curioso, los musulmanes de todo el mundo que tengan la intención de realizar la Haj (la peregrinación a la Meca) en 2030 tendrán que solicitarla a través de una aplicación móvil, y en pocos días recibirán una caja que contenga una tarjeta electrónica, un brazalete y un auricular.
Israel ha empezado a revisar varias cuestiones regulatorias de la IA, incluyendo la privacidad, la responsabilidad legal y la inclusión en las administraciones públicas. Sin embargo, han puesto más énfasis en la normativa de vehículos autónomos y en el desarrollo de la IA para sistemas de armas autónomas letales (LAWS).
En definitiva, me quedo un poco decepcionado. Se han puesto en marcha muchas iniciativas relacionadas, sobre todo, con la inteligencia artificial, pero no se ha desarrollado ningún marco regulatorio vinculante. Como dijo Harry Armstrong, jefe de futuros tecnológicos de Nesta, la mayor parte de lo que ocurre son estrategias generales de IA que tienen que ver más con la inversión que con la gobernabilidad.
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